Las cooperativas como entidades de la economia social que basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, son el modelo de empresa que los desarrolla con mayor detalle y concreción. En su consideración de entidades de la economia social que han resistido mejor a la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 y uno de los motores de la economia rural, aplican igualmente modelos innovadores de organización del trabajo y gestión de personas, como la digitalización o el teletrabajo, que son realidades que se han impuesto en momentos de necesidad, con ventajas que hacen que puedan consolidarse como una opción razonable. Sin embargo, en el ámbito del teletrabajo, deben conocerse también sus limitaciones y desventajas, aún no visibilizadas suficientemente.

Algunos de los beneficios son la posibilidad trabajar de forma deslocalizada, lo que hace que las mujeres, que son las que arraigan/asientan población en los territorios, puedan hacerlo desde el entorno rural. Simultáneamente a ello, deben fomentarse las políticas de corresponsabilidad, puesto que de otro modo se consolida el modelo de doble tarea para las mujeres en relación con el reparto de tareas domésticas y en la labor de crianza y cuidados de personas mayores o dependientes o hijos e hijas porque de otra forma, se perpetúan los estereotipos y los roles de género, y los perjuicios para aquéllas, con efectos perversos y contrarios a los que estas medidas intentan conseguir. Algunos datos a nivel nacional nos ponen en alerta. Así según la última Encuesta Europea sobre la Calidad de Vida, las mujeres españolas destinan 92 horas a la semana a cuidar o educar a hijos e hijas, personas mayores y personas dependientes, lo que provoca que las mujeres tiendan mayoritariamente a buscar empleos a tiempo parcial. Más de 2.000.000 de mujeres trabajadoras lo son a tiempo parcial, frente a algo más de 700.000 hombres, según los números recuperados por el Ministerio de Igualdad en la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2020.

Estos datos a nivel global nos incitan a analizar si esta situación se da también en las entidades de la economía social con el fin último de proponer medidas o buenas prácticas que se puedan reproducir en el entorno empresarial en otras de las formas jurídicas. Igualmente visibilizar esta situación y arbitrar soluciones desde la formación y la educación.